El pasado 2 de marzo tuvo lugar en Madrid el V Encuentro de Asociaciones de Dislexia de España, al que se han sumado hasta las fecha un total de 18 asociaciones que proceden de una mayoría de la Comunidades de España. Denominada Plataforma Dislexia, esta unión de asociaciones está compuesta por madres y padres, profesionales de logopedia, medicina, enseñanza y otras disciplinas, y trabajamos juntos para que esta dificultad de aprendizaje no sea un obstáculo para el presente y futuro de quienes la tienen. Nuestro objetivo es reclamar un desarrollo normativo tanto en el ámbito laboral como educativo que tenga en cuenta las diferencias y necesidades del 10% de la población que tiene dislexia y otras dificultades de aprendizaje.
Específicamente, solicitamos:
- Inclusión en las convocatorias de becas educativas tal como acordado por unanimidad en el Congreso de Diputados en enero de 2018
- Implementación de adecuaciones razonables para adultos con dislexia en los exámenes de oposiciones y en los exámenes de las Escuelas Oficiales de Idiomas
- Inclusión en los Consejos Escolares a nivel autonómico y estatal. Las Dificultades Específicas de Aprendizaje actualmente no cuentan con representación específica de sus necesidades
- Una nueva ley de educación que establece pautas obligatorias de actuación para garantizar detección de e intervención en Dificultades Específicas de Aprendizaje
¿Por qué necesitamos un desarrollo normativo?
Porque la dislexia afecta a un 10% de la población, según un informe de 2015 de la International Dyslexia Association. Esto supone casi 5 millones de españoles y 800.000 alumnos en nuestras aulas con esta dificultad, de los que un gran porcentaje están sin diagnosticar y, por tanto, carecen de las medidas que podrían reducir el impacto en sus estudios y vida profesional.
A pesar de que el derecho de recibir una atención específica de acuerdo a la dificultad viene recogido en la Ley de Educación desde el año 2006, la realidad es que, hoy por hoy, en la mayoría de Comunidades Autónomas, NO existen protocolos de detección ni de intervención. El derecho a una educación, a un aprendizaje en igualdad de oportunidades, se ve constantemente vulnerado.
El pasado 18 de marzo salió la noticia de un sentencia en que la Justicia reconoce que Educación no atendió a un niño con dislexia en Canarias. Esta injusticia es una realidad que viven miles de familias a diario por todo España. Desde la Plataforma reclamamos que se tomen medidas ya para garantizar una escuela para todos tal como se estableció en la Declaración de Salamanca en 1994. Queremos ver garantizados los derechos de las personas con dislexia y/u otras Dificultades de Aprendizaje en nuestra sociedad.
