El pasado 2 de marzo tuvo lugar en Madrid el V Encuentro de Asociaciones de Dislexia de España, al que se han sumado hasta las fecha un total de 18 asociaciones que proceden de una mayoría de la Comunidades de España. Denominada Plataforma Dislexia, esta unión de asociaciones está compuesta por madres y padres, profesionales de logopedia, medicina, enseñanza y otras disciplinas, y trabajamos juntos para que esta dificultad de aprendizaje no sea un obstáculo para el presente y futuro de quienes la tienen. Nuestro objetivo es reclamar un desarrollo normativo tanto en el ámbito laboral como educativo que tenga en cuenta las diferencias y necesidades del 10% de la población que tiene dislexia y otras dificultades de aprendizaje. 

Específicamente, solicitamos:

  • Inclusión en las convocatorias de becas educativas tal como acordado por unanimidad en el Congreso de Diputados en enero de 2018
  • Implementación de adecuaciones razonables para adultos con dislexia en los exámenes de oposiciones y en los exámenes de las Escuelas Oficiales de Idiomas
  • Inclusión en los Consejos Escolares a nivel autonómico y estatal. Las Dificultades Específicas de Aprendizaje actualmente no cuentan con representación específica de sus necesidades
  • Una nueva ley de educación que establece pautas obligatorias de actuación para garantizar detección de e intervención en Dificultades Específicas de Aprendizaje

¿Por qué necesitamos un desarrollo normativo?

Porque la dislexia afecta a un 10% de la población, según un informe de 2015 de la International Dyslexia Association. Esto supone casi 5 millones de españoles y 800.000 alumnos en nuestras aulas con esta dificultad, de los que un gran porcentaje están sin diagnosticar y, por tanto, carecen de las medidas que podrían reducir el impacto en sus estudios y vida profesional. 

A pesar de que el derecho de recibir una atención específica de acuerdo a la dificultad viene recogido en la Ley de Educación desde el año 2006, la realidad es que, hoy por hoy, en la mayoría de Comunidades Autónomas, NO existen protocolos de detección ni de intervención. El derecho a una educación, a un aprendizaje en igualdad de oportunidades, se ve constantemente vulnerado.

El pasado 18 de marzo salió la noticia de un sentencia en que la Justicia reconoce que Educación no atendió a un niño con dislexia en Canarias. Esta injusticia es una realidad que viven miles de familias a diario por todo España. Desde la Plataforma reclamamos que se tomen medidas ya para garantizar una escuela para todos tal como se estableció en la Declaración de Salamanca en 1994. Queremos ver garantizados los derechos de las personas con dislexia y/u otras Dificultades de Aprendizaje en nuestra sociedad.

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¿Sabes lo que es la discalculia? ¿Sabes cómo ayudar a un alumno con discalculia? Esta hoja informativa de Understood.org podría resultar útil. Para más información ir a u.org/discalculia

Además, os traemos dos artículos bastante claros sobre la discalculia y las investigaciones sobre ella que se llevan a cabo en las Universidades españolas.

Hoja informativa acerca de la discalculia
https://mundo.sputniknews.com/sociedad/201903061085915115-que-es-la-dislexia-en-matematicas-discalculia/
https://www.xataka.com/investigacion/dislexia-para-matematicas-existe-se-llama-discalculia
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La Justicia reconoce que Educación no atendió a un niño con dislexia.

Lee la noticia en este enlace

Se abre una puerta enorme para que por fin se pueda conseguir el derecho a la educación del menor en condición de igualdad, el derecho a la evaluación y adaptaciones metodológicas. Es una gran noticia pero algo que no debería ser noticia dado que se estableció el derecho a “escuelas para todos” en la Declaración de Salamanca en 1994. Ya es hora de convertir palabras en acciones.

Enhorabuena y gracias a esa familia y a la Asociación “La Casa del Funcionario” por este paso tan importante para miles de familias españolas. La dislexia afecta a alrededor de un 10% de la población pero en muchos centros educativos no se aplican protocolos de detección ni intervención.

Y esto a pesar de que se establece en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha previsto que corresponde a las Administraciones asegurar las medidas necesarias para que los alumnos con dislexia, dificultades específicas de aprendizaje (DEA) o con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.

LA ASOCIACIÓN “LA CASA DEL FUNCIONARIO” INFORMA sobre la Sentencia 164/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Sala de lo Contencioso-Administrativo.

La Sentencia se basa en una vulneración de Derechos Fundamentales (art. 14 y art. 27 de la CE) por parte del Colegio Concertado Juan Ramón Jiménez y la Consejería de Educación a un menor de edad que presenta una Dislexia y que cursa estudios en la Etapa de Educación Primaria.
La Magistrada reconoce que la respuesta del Colegio Concertado y la Consejería de Educación ante las dificultades del menor ha sido nula e, insta a la Consejería a realizar un Informe Psicopedagógico con el fin de que tomen las medidas necesarias, con la expresa condena en costas judiciales.
Queremos destacar algunos datos sobre la Sentencia:
1.-Es la primera Sentencia en España de estas características. Es una Sentencia pionera ya que ofrece una solución rápida y eficaz 
para los niños que lo padecen.
2.- La nula respuesta por parte del Sistema Educativo ante la Dislexia afecta a muchos niños y familias en toda España. No podemos obviar, que está en relación directa con un alto porcentaje de fracaso escolar y baja autoestima en los niños que lo sufren.
3.- Se admite por parte de la Magistrada los Informes de Centros Psicopedagógicos Privados. Uno de los grandes obstáculos que se enfrentan las familias con niños disléxicos es a que les diagnostiquen a sus hijos la Dislexia. Los Departamentos de Orientación de los Centros Educativos (Colegios) no admiten el diagnostico de Dislexia si provienen de Centros Psicopedagógicos Privados pero, a la misma vez, ellos tampoco los realizan.
4. La Magistrada descarta que sea un requisito para el diagnóstico de la Dislexia que exista un retraso escolar (desfase), ni que los niños que lo padecen tengan un coeficiente intelectual bajo. 
Uno de los criterios utilizados por los Centros Educativos para el diagnóstico de la Dislexia es que el niño presente un desfase curricular de al menos dos años. Este criterio empeora mucho la situación de estos niños e impide un diagnostico precoz.
Y además, dicho requisito contradice la generalidad ya que es una característica de los niños disléxicos el tener coeficientes medios- altos.
5.- Lo que se plantea en esta sentencia es sobre la Dislexia, pero entendemos que puede ser extensible a todos los niños con 
Necesidades Específicas de Aprendizaje (NEAE), como a los niños con Déficit de Atención y con Trastorno de Hiperactividad. 
Asimismo, entendemos que no solo son exigibles los derechos reconocidos en la sentencia en la Etapa de Primaria sino también en las posteriores e, incluso en los estudios Universitarios.
Actualmente y, a pesar de haber transcurrido el plazo para que la Consejería de Educación ejecute la Sentencia y realice una adaptación metodológica al menor, ésta no lo ha hecho.
Nos parece Grave que la Consejera de Educación del Gobierno de Canarias no ejecute una Sentencia en interés de un menor, a 
sabiendas que está causando un daño en el desarrollo de la personalidad del niño, que no solo afecta en el ámbito escolar, sino también en el de su personalidad. Además, queremos destacar que tanto el Colegio Concertado, como la Consejería de Educación han puesto muchos obstáculos al menor y a sus padres en hacer valer sus derechos. Esta Asociación ha tenido acceso a las estadísticas de la Consejería de Educación sobre el diagnóstico de los niños con Dislexia y se puede concluir que:
1.- En los Colegios Concertados el porcentaje de niños diagnosticados con Dislexia duplica a los diagnosticados en los Colegios Públicos. Probablemente, por la falta de recursos
personales y económicos que presentan los Colegios Públicos (Falta de Orientadoras y falta formación en los profesores, etc).
2.- El Porcentaje de los niños diagnosticados en la Etapa de Educación Infantil en los Colegios Públicos es inferior a la mitad de los niños a los que se diagnostican en la Etapa de Secundaria. Esto impide un diagnostico precoz de la Dislexia que es fundamental para la correcta evolución de los niños que lo sufren.
Por último, desde la Asociación queremos DENUNCIAR un trato desigual por parte de las Comunidades Autónomas ante los niños con Dislexia ya que las competencias legislativas y su desarrollo son asumidas por estas, lo que está llevando a situaciones de desigualdad entre las respectivas Comunidades Autónomas, creando una situación de inseguridad jurídica entre los niños-
familias que lo sufren. Entendemos, que este problema afecta a una capa de la sociedad muy vulnerable como es la infancia y que los Poderes Públicos deben ser más responsables y diligentes pues de lo contrario están favoreciendo a que los niños que lo padecen abandonen los estudios en edades tempranas y sufran innecesariamente por los obstáculos que el sistema educativo les pone en el camino y que afectan en todas las esferas de su vida.
En Las Palmas, a 18 de marzo de 2019
Fany Barreto Martel
Presidenta Asociación “La Casa del Funcionario”

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Volvemos a compartir esta carta de la DGT confirmando las adecuaciones que se pueden aplicar para las personas con dislexia en el examen teórico. Descarga la carta aquí

En resumen, se puede solicitar una ampliación de tiempo.

Los requisitos son:

  • Un informe que justifique la aplicación de dicha adaptación por un profesional del ámbito de las dificultades específicas de aprendizaje.
  • Solicitar la ampliación de la prueba teórica, (citando el Anexo VI.B).2 del RD 818/2008 de 8 de mayo)  con suficiente tiempo de antelación ante la Jefatura de Tráfico correspondiente para poder llevar a cabo la realización de la prueba adecuadamente.



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