La Justicia reconoce que Educación no atendió a un niño con dislexia.

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Se abre una puerta enorme para que por fin se pueda conseguir el derecho a la educación del menor en condición de igualdad, el derecho a la evaluación y adaptaciones metodológicas. Es una gran noticia pero algo que no debería ser noticia dado que se estableció el derecho a «escuelas para todos» en la Declaración de Salamanca en 1994. Ya es hora de convertir palabras en acciones.

Enhorabuena y gracias a esa familia y a la Asociación «La Casa del Funcionario» por este paso tan importante para miles de familias españolas. La dislexia afecta a alrededor de un 10% de la población pero en muchos centros educativos no se aplican protocolos de detección ni intervención.

Y esto a pesar de que se establece en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha previsto que corresponde a las Administraciones asegurar las medidas necesarias para que los alumnos con dislexia, dificultades específicas de aprendizaje (DEA) o con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.

LA ASOCIACIÓN “LA CASA DEL FUNCIONARIO” INFORMA sobre la Sentencia 164/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Sala de lo Contencioso-Administrativo.

La Sentencia se basa en una vulneración de Derechos Fundamentales (art. 14 y art. 27 de la CE) por parte del Colegio Concertado Juan Ramón Jiménez y la Consejería de Educación a un menor de edad que presenta una Dislexia y que cursa estudios en la Etapa de Educación Primaria.
La Magistrada reconoce que la respuesta del Colegio Concertado y la Consejería de Educación ante las dificultades del menor ha sido nula e, insta a la Consejería a realizar un Informe Psicopedagógico con el fin de que tomen las medidas necesarias, con la expresa condena en costas judiciales.
Queremos destacar algunos datos sobre la Sentencia:
1.-Es la primera Sentencia en España de estas características. Es una Sentencia pionera ya que ofrece una solución rápida y eficaz 
para los niños que lo padecen.
2.- La nula respuesta por parte del Sistema Educativo ante la Dislexia afecta a muchos niños y familias en toda España. No podemos obviar, que está en relación directa con un alto porcentaje de fracaso escolar y baja autoestima en los niños que lo sufren.
3.- Se admite por parte de la Magistrada los Informes de Centros Psicopedagógicos Privados. Uno de los grandes obstáculos que se enfrentan las familias con niños disléxicos es a que les diagnostiquen a sus hijos la Dislexia. Los Departamentos de Orientación de los Centros Educativos (Colegios) no admiten el diagnostico de Dislexia si provienen de Centros Psicopedagógicos Privados pero, a la misma vez, ellos tampoco los realizan.
4. La Magistrada descarta que sea un requisito para el diagnóstico de la Dislexia que exista un retraso escolar (desfase), ni que los niños que lo padecen tengan un coeficiente intelectual bajo. 
Uno de los criterios utilizados por los Centros Educativos para el diagnóstico de la Dislexia es que el niño presente un desfase curricular de al menos dos años. Este criterio empeora mucho la situación de estos niños e impide un diagnostico precoz.
Y además, dicho requisito contradice la generalidad ya que es una característica de los niños disléxicos el tener coeficientes medios- altos.
5.- Lo que se plantea en esta sentencia es sobre la Dislexia, pero entendemos que puede ser extensible a todos los niños con 
Necesidades Específicas de Aprendizaje (NEAE), como a los niños con Déficit de Atención y con Trastorno de Hiperactividad. 
Asimismo, entendemos que no solo son exigibles los derechos reconocidos en la sentencia en la Etapa de Primaria sino también en las posteriores e, incluso en los estudios Universitarios.
Actualmente y, a pesar de haber transcurrido el plazo para que la Consejería de Educación ejecute la Sentencia y realice una adaptación metodológica al menor, ésta no lo ha hecho.
Nos parece Grave que la Consejera de Educación del Gobierno de Canarias no ejecute una Sentencia en interés de un menor, a 
sabiendas que está causando un daño en el desarrollo de la personalidad del niño, que no solo afecta en el ámbito escolar, sino también en el de su personalidad. Además, queremos destacar que tanto el Colegio Concertado, como la Consejería de Educación han puesto muchos obstáculos al menor y a sus padres en hacer valer sus derechos. Esta Asociación ha tenido acceso a las estadísticas de la Consejería de Educación sobre el diagnóstico de los niños con Dislexia y se puede concluir que:
1.- En los Colegios Concertados el porcentaje de niños diagnosticados con Dislexia duplica a los diagnosticados en los Colegios Públicos. Probablemente, por la falta de recursos
personales y económicos que presentan los Colegios Públicos (Falta de Orientadoras y falta formación en los profesores, etc).
2.- El Porcentaje de los niños diagnosticados en la Etapa de Educación Infantil en los Colegios Públicos es inferior a la mitad de los niños a los que se diagnostican en la Etapa de Secundaria. Esto impide un diagnostico precoz de la Dislexia que es fundamental para la correcta evolución de los niños que lo sufren.
Por último, desde la Asociación queremos DENUNCIAR un trato desigual por parte de las Comunidades Autónomas ante los niños con Dislexia ya que las competencias legislativas y su desarrollo son asumidas por estas, lo que está llevando a situaciones de desigualdad entre las respectivas Comunidades Autónomas, creando una situación de inseguridad jurídica entre los niños-
familias que lo sufren. Entendemos, que este problema afecta a una capa de la sociedad muy vulnerable como es la infancia y que los Poderes Públicos deben ser más responsables y diligentes pues de lo contrario están favoreciendo a que los niños que lo padecen abandonen los estudios en edades tempranas y sufran innecesariamente por los obstáculos que el sistema educativo les pone en el camino y que afectan en todas las esferas de su vida.
En Las Palmas, a 18 de marzo de 2019
Fany Barreto Martel
Presidenta Asociación “La Casa del Funcionario”

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Volvemos a compartir esta carta de la DGT confirmando las adecuaciones que se pueden aplicar para las personas con dislexia en el examen teórico. Descarga la carta aquí

En resumen, se puede solicitar una ampliación de tiempo.

Los requisitos son:

  • Un informe que justifique la aplicación de dicha adaptación por un profesional del ámbito de las dificultades específicas de aprendizaje.
  • Solicitar la ampliación de la prueba teórica, (citando el Anexo VI.B).2 del RD 818/2008 de 8 de mayo)  con suficiente tiempo de antelación ante la Jefatura de Tráfico correspondiente para poder llevar a cabo la realización de la prueba adecuadamente.



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Esta semana, el Colegio de Logopedas de Galicia cumple 10 años y les queremos dar la enhorabuena para su labor tan importante para años con dificultades de lectoescritura.

Y les damos otra enhorabuena a Canarias: el mes pasado el gobierno de Canarias aprobó el Proyecto de Ley de creación del Colegio de Logopedas en esa Comunidad. Lee la noticia en este enlace.

¿Por qué consideramos estas noticias tan importantes?

No podemos subestimar la importancia de un logopeda (foniaudiólogo) en la vida de una persona con dislexia. Como bien dice el logopeda y experto en dislexia, Daniel Cubilla Bonnetier, estas personas sufren desde una edad muy temprana al descubrir -en el curso final de infantil o primero de primaria- que no llegan a ser el ‘buen alumno’ que quieren ser. “Los sistemas que empiezan a enseñar más tarde la lectura son sistemas que tienen más éxito”, pero en España cuando se empieza a enseñar la lectoescritura en la vida de un niño es en estos cursos tan tempranos  y «el mensaje que les estamos dando a los niños es lo que da el éxito escolar, lo que te da ser un buen alumno, un buen chico al final, es leer, leer correctamente y sobre todo leer rápido.»

Para los niños con dificultades, esto produce un conflicto en sí mismo y un sufrimiento tremendo y por desgracia, «Este sufrimiento no se borra fácilmente

La intervención de un buen logopeda puede mitigar este sufrimiento, dando al niño los recursos que necesita para superar sus dificultades.

¿Cómo interviene un logopeda en la dislexia?

Primero realizará un diagnóstico para identificar las dificultades específicas, y a partir de ese momento empezará un plan de intervención para aplicar técnicas específicas para cada niño: «Es muy importante que sepamos cuándo hay usarlas y con qué niño tenemos que usarlas». D Cubilla

Un logopeda especializado en dislexia tiene una batería amplia de ejercicios, métodos y técnicas específicas para ayudar a cada persona a mejorar sus habilidades de lectoescritura.

Es muy importante tener en cuenta que hasta ahora la única intervención científicamente avalada en el tratamiento de los niños con dislexia es un programa para mejorar la conciencia fonológica. Ver este artículo de  Juan Cruz Ripoll.

¿Es accesible a todos? Por desgracia, no. Hay muy pocos logopedas en los colegios y en el sistema público de salud; además, en muchas Comunidades de España, Sanidad no reconoce el tratamiento de dislexia como competencia propia. Con frecuencia los orientadores en los colegios no llegan a ver estos niños hasta finales de primaria, cuando ya tienen un desfase importante y en muchas Comunidades está legislado que estos niños no pueden recibir la intervención del profesional de Audición y Lenguaje en el centro educativo hasta que el alumno tiene un desfase de dos años escolares. 

Ir a un logopeda privado es un lujo que no todas las familias se pueden permitir: un diagnóstico puede costar entre 200€ y 500€. La intervención posterior alrededor de 40€ la hora. En el caso de que un niño necesite dos sesiones por la semana el coste alcanza los 240€ el mes. Las familias con menos recursos se quedan sin esa atención tan importante.

¿Y cuáles son las consecuencias de la no intervención en estas personas?

El sufrimiento lleva a la baja autoestima, problemas conductuales (ver este informe de Francisca Serrano) y al fracaso escolar. Los datos del último informe de la OECD Education at a Glance, destaca las espantosas cifras del sistema educativo de España.

El fracaso social es considerable también: estudios en los EEUU, Reino Unido y Suecia (enlaces) han demostrado que alrededor del 50% de las personas encarceladas tienen dificultades de lectoescritura. 

¿La solución?

La LOMCE habla del derecho de todos los alumnos a acceder a la educación:

Artículo 71:

1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la presente Ley. Las Administraciones educativas podrán establecer planes de centros prioritarios para apoyar especialmente a los centros que escolaricen alumnado en situación de desventaja social.

2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.

La realidad es que un gran porcentaje de nuestros niños y adultos con dislexia NO tienen acceso a la educación que merecen porque sus necesidades no están atendidas, sobre todo por falta de recursos humanos dentro del sistema educativo. Necesitamos profesores formados para identificar dificultades y necesitamos logopedas dentro del sistema educativo, y mientras esto se haga realidad, necesitamos inclusión en la becas educativas de las que nos dejan fuera año tras año.

En enero de este año los medios informativos ocuparon titulares con la aprobación por unanimidad en el Congreso de los Diputados de una PNL para la inclusión de nuestro colectivo en las becas educativas.

En esta PNL, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Adecúe las Resoluciones de Convocatoria de las Becas y Ayudas al Estudio a lo establecido en la Ley, para que los órganos competentes adapten en las sucesivas convocatorias la redacción de las mismas al reconocimiento del derecho a la atención de las necesidades específicas de apoyo educativo de los escolares afectados por TDAH, Dislexia y otras DEAs y demás Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAEs), tal como se recoge en la legislación básica educativa.

2. Garantice el derecho de los escolares con TDAH, Dislexia y otras DEAs y demás ACNEAEs a recibir las ayudas económicas a las que tienen derecho, conforme a su condición de escolares con necesidades específicas de apoyo educativo.

3. Reconozca de forma expresa el derecho a la obtención de las ayudas establecidas por el Ministerio de Educación a los escolares afectados por TDAH, Dislexia y otras DEAs y demás ACNEAEs de forma diferenciada y autónoma a los apoyos y atención educativa especifica de los ACNEE.

4. Incorporar gradualmente, tanto en las Resoluciones de Convocatorias de Becas y Ayudas al estudio como legislación de becas como en los procedimientos de solicitud de becas y ayudas el resto de ACNEAES.

En la siguiente convocatoria, este julio pasado, nuestro colectivo se quedó sin acceso a estas becas.

Desde la Plataforma ya hemos expresado nuestro disgusto ante la situación de desigualdad en que se encuentran las familias que conviven con dificultades de aprendizaje. Hemos comunicado nuestra preocupación, y el sufrimiento de miles de familias, a las diferentes Comunidades y una de nuestras asociaciones en Andalucía ha interpuesto una reclamación con el Defensor del Pueblo en Andalucía. En la respuesta se reconoce el derecho que tiene nuestro colectivo a recibir becas, pero se citó la falta de recursos como el principal motivo de no estar incluido.

El informe de la OECD Education at a Glance, esta semana ha destacado que la inversion por niño ha caído un 11% entre 2010 y 2015 los profesores están trabajando con cada vez menos recurso dificultando aun más la detección e intervención en dificultades de aprendizaje y aumentando la probabilidad de repetición de curso y de fracaso escolar. España ya está muy encima de la media de los países OECD en estos aspectos.

Reclamamos al Gobierno que rectifiquen este problema y mejoren las vidas de miles de familias españolas YA.

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Se ha abierto el plazo de convocatoria para las becas pero una vez más se queda excluido la #Dislexia.

A ver si el año que viene entramos tal como indicado con la PNL aprobada en enero de 2018 o a ver si se queda una vez más en nada. (ver la noticia abajo.)

Siguen sin tomarnos en serio con escusas y promesas vacías ¡Ya está bien! Somos más del 10% del alumnado y tanto los diagnósticos como las intervenciones se elevan a cuantías que muchas familias no se pueden permitir. Además de ser una dificultad hereditaria por lo que en un hogar se necesita tratar a varios miembros siendo en muchas ocasiones imposible.

Las becas son muy necesarias para los niños con dislexia para trabajar habilidades necesarias para que todos los niños logren el éxito escolar.

Desde la Plataforma y todas las asociaciones que la componen, estamos trabajando para conseguir los recursos que necesitan las personas con dislexia para que estén en condiciones de equidad tanto en el sistema educativo como en el ámbito laboral.

Os dejamos la respuesta de agosto 2018 del Defensor del Pueblo a nuestra asociación DisMálaga sobre acceso a las becas. (Pincha en las imágenes para ampliarlas)

Ver la noticia sobre la PNL de enero 2018:

Becas: PNL aprobada

 

Toda la información sobre la convocatoria de becas de 2018 se puede encontrar en este enlace:

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

 

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Durante el curso muchos padres nos preguntan si tienen derecho a ver los exámenes de sus hijos. Los padres de niños con dislexia dedican muchas horas a estudiar con sus hijos, trabajando sus dificultades, repasando y repasando contenidos para ver que muchas veces todos ese esfuerzo tiene poca recompensa y no se ve reflejado en las notas. Nosotros mejor que nadie sabemos las dificultades que tienen nuestros hijos, sus necesidades a la hora de aprender y el esfuerzo tremendo que invierten en sus estudios. Por eso es imprescindible que los padres tengamos acceso a las evaluaciones y exámenes escritos para poder ver los errores que cometen y poder enfocar el tiempo que pasamos con ellos estudiando de la mejor manera posible.

Hemos buscado información sobre el derecho de acceder a copias de exámenes y hemos encontrado este excelente informe elaborado por FAPA Giner de los Ríos.

La conclusión de este informe es:

«Existe un derecho recogido, tanto normativamente como jurisprudencialmente, a la obtención de copias de los documentos obrantes en el expediente académico del alumno por parte de los padres o tutores legales, que no debe limitarse únicamente a las pruebas de evaluación o exámenes, ni pueden ser tasados mediante limitación física alguna, es decir, que este acceso deba realizarse dentro del centro y este extremo resulte incompatible con la realización de copias.»

Lo único que hay que destacar es que la normativa incluida en este informe es un poco antiguo, ahora no existe la LRJPAC, está sustituida por lo siguiente:

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En cuyos artículos figura:

Artículo 4. Concepto de interesado.

  1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
  2. a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
  3. b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:

  1. d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.
  2. e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

 

NORMATIVAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES SOBRE EL DERECHO DE OBTENER COPIAS DE LOS EXÁMENES DE NUESTROS HIJOS

Andalucía (artículo 5)

Aragón

Galicia (artículo 7)

Madrid

Murcia (artículo 38 punto 4)

País Vasco (artículo 16)

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