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La Justicia reconoce que Educación no atendió a un niño con dislexia.

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Se abre una puerta enorme para que por fin se pueda conseguir el derecho a la educación del menor en condición de igualdad, el derecho a la evaluación y adaptaciones metodológicas. Es una gran noticia pero algo que no debería ser noticia dado que se estableció el derecho a «escuelas para todos» en la Declaración de Salamanca en 1994. Ya es hora de convertir palabras en acciones.

Enhorabuena y gracias a esa familia y a la Asociación «La Casa del Funcionario» por este paso tan importante para miles de familias españolas. La dislexia afecta a alrededor de un 10% de la población pero en muchos centros educativos no se aplican protocolos de detección ni intervención.

Y esto a pesar de que se establece en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha previsto que corresponde a las Administraciones asegurar las medidas necesarias para que los alumnos con dislexia, dificultades específicas de aprendizaje (DEA) o con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.

LA ASOCIACIÓN “LA CASA DEL FUNCIONARIO” INFORMA sobre la Sentencia 164/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Sala de lo Contencioso-Administrativo.

La Sentencia se basa en una vulneración de Derechos Fundamentales (art. 14 y art. 27 de la CE) por parte del Colegio Concertado Juan Ramón Jiménez y la Consejería de Educación a un menor de edad que presenta una Dislexia y que cursa estudios en la Etapa de Educación Primaria.
La Magistrada reconoce que la respuesta del Colegio Concertado y la Consejería de Educación ante las dificultades del menor ha sido nula e, insta a la Consejería a realizar un Informe Psicopedagógico con el fin de que tomen las medidas necesarias, con la expresa condena en costas judiciales.
Queremos destacar algunos datos sobre la Sentencia:
1.-Es la primera Sentencia en España de estas características. Es una Sentencia pionera ya que ofrece una solución rápida y eficaz 
para los niños que lo padecen.
2.- La nula respuesta por parte del Sistema Educativo ante la Dislexia afecta a muchos niños y familias en toda España. No podemos obviar, que está en relación directa con un alto porcentaje de fracaso escolar y baja autoestima en los niños que lo sufren.
3.- Se admite por parte de la Magistrada los Informes de Centros Psicopedagógicos Privados. Uno de los grandes obstáculos que se enfrentan las familias con niños disléxicos es a que les diagnostiquen a sus hijos la Dislexia. Los Departamentos de Orientación de los Centros Educativos (Colegios) no admiten el diagnostico de Dislexia si provienen de Centros Psicopedagógicos Privados pero, a la misma vez, ellos tampoco los realizan.
4. La Magistrada descarta que sea un requisito para el diagnóstico de la Dislexia que exista un retraso escolar (desfase), ni que los niños que lo padecen tengan un coeficiente intelectual bajo. 
Uno de los criterios utilizados por los Centros Educativos para el diagnóstico de la Dislexia es que el niño presente un desfase curricular de al menos dos años. Este criterio empeora mucho la situación de estos niños e impide un diagnostico precoz.
Y además, dicho requisito contradice la generalidad ya que es una característica de los niños disléxicos el tener coeficientes medios- altos.
5.- Lo que se plantea en esta sentencia es sobre la Dislexia, pero entendemos que puede ser extensible a todos los niños con 
Necesidades Específicas de Aprendizaje (NEAE), como a los niños con Déficit de Atención y con Trastorno de Hiperactividad. 
Asimismo, entendemos que no solo son exigibles los derechos reconocidos en la sentencia en la Etapa de Primaria sino también en las posteriores e, incluso en los estudios Universitarios.
Actualmente y, a pesar de haber transcurrido el plazo para que la Consejería de Educación ejecute la Sentencia y realice una adaptación metodológica al menor, ésta no lo ha hecho.
Nos parece Grave que la Consejera de Educación del Gobierno de Canarias no ejecute una Sentencia en interés de un menor, a 
sabiendas que está causando un daño en el desarrollo de la personalidad del niño, que no solo afecta en el ámbito escolar, sino también en el de su personalidad. Además, queremos destacar que tanto el Colegio Concertado, como la Consejería de Educación han puesto muchos obstáculos al menor y a sus padres en hacer valer sus derechos. Esta Asociación ha tenido acceso a las estadísticas de la Consejería de Educación sobre el diagnóstico de los niños con Dislexia y se puede concluir que:
1.- En los Colegios Concertados el porcentaje de niños diagnosticados con Dislexia duplica a los diagnosticados en los Colegios Públicos. Probablemente, por la falta de recursos
personales y económicos que presentan los Colegios Públicos (Falta de Orientadoras y falta formación en los profesores, etc).
2.- El Porcentaje de los niños diagnosticados en la Etapa de Educación Infantil en los Colegios Públicos es inferior a la mitad de los niños a los que se diagnostican en la Etapa de Secundaria. Esto impide un diagnostico precoz de la Dislexia que es fundamental para la correcta evolución de los niños que lo sufren.
Por último, desde la Asociación queremos DENUNCIAR un trato desigual por parte de las Comunidades Autónomas ante los niños con Dislexia ya que las competencias legislativas y su desarrollo son asumidas por estas, lo que está llevando a situaciones de desigualdad entre las respectivas Comunidades Autónomas, creando una situación de inseguridad jurídica entre los niños-
familias que lo sufren. Entendemos, que este problema afecta a una capa de la sociedad muy vulnerable como es la infancia y que los Poderes Públicos deben ser más responsables y diligentes pues de lo contrario están favoreciendo a que los niños que lo padecen abandonen los estudios en edades tempranas y sufran innecesariamente por los obstáculos que el sistema educativo les pone en el camino y que afectan en todas las esferas de su vida.
En Las Palmas, a 18 de marzo de 2019
Fany Barreto Martel
Presidenta Asociación “La Casa del Funcionario”